Pase lo que pase con el plebiscito que busca refrendar los acuerdos logrados entre el gobierno del presidente Santos y la guerrilla de las Farc, los máximos dirigentes de este grupo armado han dejado en claro que su intención es abandonar las armas y formar su propio partido político.

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Sin lugar a dudas, esta es una empresa que le costará al grupo guerrillero mucho más que las tradicionales alianzas políticas. Tras 52 años de levantamiento armado contra el Estado, una amplia parte de la población colombiana no está dispuesta a votar por un representante de la ideología de dicha guerrilla, ni mucho menos por cualquier coalición o alianza que busque la formación de un movimiento político.

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Sin embargo, así como en el acuerdo pactado entre ambas partes se les aseguró participación en la política doméstica, la guerrilla cuenta con alrededor de 15.700 hombres y mujeres que, ostensiblemente, podrían llegar a ser la cuota inicial de un caudal electoral legítimo. A este factor numérico se suman elementos sociales que, durante casi seis décadas, las Farc han venido desarrollando en las regiones más apartadas del país. De esta manera, entre los sufragios rurales podría encontrarse un número importante de votantes que, forzados o por voluntad, muchas veces se situaron en ese lado del conflicto que favorecía a las Farc.

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En departamentos de la periferia colombiana, entre la década de 1980 y el 2000, las Farc lograron establecer su ley y orden. Municipios como Corinto y Jambaló —en el Cauca—, Tibú, El Tarra y Teorama —en Norte de Santander—, y San Vicente del Caguán —en Caquetá—, se convirtieron en laboratorios experimentales de los estatutos comunistas propios de esta guerrilla. De ahí que, durante esa época y hasta hace poco, la influencia de las Farc haya penetrado la política regional. Claro ejemplo es el asesinato del clan liberal Turbay Cote, llevado a cabo en conspiración con el exrepresentante a la Cámara por el Partido Conservador Luis Fernando Almario, el 29 de diciembre del 2000.

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Pero estos hechos no evidencian del todo los esfuerzos por los cuales la guerrilla ha formado un grupo de electores que los acompañe en el posconflicto. Una clara incidencia del brazo armado guerrillero en la política colombiana es el caso de la exsenadora Piedad Córdoba, quien fue destituida e inhabilitada en 2010 por la Procuraduría, acusada de asesorar y realizar actividades que favorecían a los subversivos. Ahora, y con la libertad que le da lo firmado en La Habana, Córdoba salió definitivamente del clóset político en el que se encontraba, reivindicando su estatus de perseguida política y apoyando, sin ton ni son, las aspiraciones democráticas de la máxima cúpula guerrillera.

 

Sin lugar a dudas, lo que se refrendará el 2 de octubre no abarcará solamente el fin del conflicto con las Farc. Esta decisión va más allá de un "sí" o un "no", y enmarca el destino del país, dando los referentes para la formación de una nueva cultura política que, si bien puede heredar los demonios del sistema actual, también podría allanar el camino hacia un Estado de derecho libre de corrupción y guerra.